Por Agustín Maza

El FMI aceptó recalibrar las metas del acuerdo con Argentina para que reflejen el impacto de la sequía y que esa hoja de ruta funcione como un ancla creíble. Cumplir con el programa vigente implica un ajuste real del gasto primario cercano al 10% interanual hasta junio para cumplir los objetivos de déficit, debido a la caída en la recaudación por exportaciones. Si bien ese valor es similar al fuerte recorte aplicado en el segundo semestre del año pasado, ese proceso, que implica para el Gobierno un menor margen de asistencia, deberá encararse antes de las elecciones y con los efectos de una inflación más alta sobre los ya golpeados ingresos.

El ministro de Economía, Sergio Massa, volvió de la gira en Washington con la certeza de que en las próximas semanas su equipo se sentará con el del Fondo a definir cuáles serán las nuevas proyecciones macroeconómicas y los criterios de desempeño con lo que será evaluado el cumplimiento del país. En la cartera aseguran que todo está sobre la mesa, incluso un cambio en el cronograma de desembolsos para apuntalar las reservas del BCRA, pero se apuntará principalmente a nuevos objetivos de reservas, emisión y rojo primario que hasta ahora resultó innegociable para los técnicos del organismo. La idea es tenerlo cerrado antes de junio, fecha en la que tendrá lugar la quinta revisión del acuerdo.

En el Palacio de Hacienda saben que tienen una dura negociación por delante aunque apuestan a que el apoyo del Gobierno de Estados Unidos incline la balanza a su favor. El punto más conflictivo es la diferencia que tienen ambas partes sobre el costo de las inclemencias climáticas para Argentina. La caída en la recaudación que precipitó la seca hizo que la posibilidad de cumplir con un déficit fiscal de 1,9% del PBI en 2023 resultara imposible a menos de que se diera un ajuste más fuerte al que de todas formas se lleva adelante. Las consultoras, como en el caso de Invecq, ven una tendencia hacia el 3% del PBI por encima del 2,5% del 2022.

Hasta febrero se había utilizado el 98% de los $441.500 millones de la meta fiscal comprometida para el primer trimestre. Un informe de Analytica destacó: “En el escenario de cumplimiento, el gasto de marzo debería contraerse en 24,3% para alcanzar la meta del trimestre (-8,5% i.a. real) y, en el segundo, el ajuste debería ser de -7,2%. Según nuestro Monitor de Ajuste de Gasto semanal (MAGs), el gasto devengado de marzo fue 5,7% real más bajo que el del mismo mes del año pasado, por lo que se está lejos del objetivo. Aun así, la discrepancia entre el stock de deuda flotante de febrero ($669.077 millones) y el objetivo que impone el acuerdo de $1.17 billones da cierto margen de maniobra para que el gobierno aplique un “tirón fuerte” en el base caja de marzo que permita el cumplimiento”.

Hacia adelante, la consultora proyectó que, a pesar del impacto de la sequía en la recaudación, al Gobierno le queda margen para alcanzar la meta del segundo trimestre teniendo en cuenta mayores recursos fiscales provenientes de la suspensión de exenciones al comercio exterior que aplicó Afip, el ingreso por el dólar agro y el margen de deuda flotante.

“Aun así, la incertidumbre política, las demandas de recursos en tiempos electorales y la asistencia social para paliar los efectos de una inflación que viaja a una velocidad bien superior al 100% anual., ponen en duda para este semestre la viabilidad de un recorte de gasto similar al del segundo de 2022, del 9,4% interanual real”, indicaron.

La importancia de los objetivos del primer semestre radica en que el acuerdo vigente contempla su revisión para septiembre, antes de las elecciones presidenciales de octubre. En diciembre puede haber otra administración en la Casa Rosada con quienes se sentará el organismo a renegociar un nuevo programa tal vez con una psocisión mucho más dura.

Esta es la misma cuenta que hacen en los despachos oficiales: un ajuste de esa magnitud con una inflación que solo en el primer trimestre acumuló 21,7% mina las chances electorales del oficialismo. El activo que le queda al Gobierno, pero en particular a Sergio Massa es que la caída de la actividad económica sea lo más leve posible y evitar a toda costa una devaluación brusca. “Estabilidad” es la premisa.

Para eso también será importante garantizar desembolsos de organismos internacionales y que el Fondo adelante desembolsos que estaban previstos para 2024, a riesgo de sumar un nuevo conflicto con la oposición. Sin reservas, aún con el ingreso acelerado de divisas por el dólar soja, habrá mayores expectativas de devaluación, inflación y endurecimiento del cepo importador con impacto directo en la actividad.

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