Por Gabriela Vulcano

Aunque las chances son muy bajas, el oficialismo apuesta a que el debate del pedido de enjuiciamiento a la Corte Suprema de Justicia en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados ayude a sumar nuevos argumentos que den impulso a la recusación a los cuatro miembros del tribunal, que el Ejecutivo nacional presentó días atrás por el fallo de la coparticipación.    

El primer paso en concreto lo dio el viernes pasado el presidente Alberto Fernández, al convocar a sesiones extraordinarias e incluir en la agenda legislativa el tema que tiene en vilo tanto al Poder Judicial como a la oposición. El mismo día, el bloque de diputados del Frente de Todos, que conduce Germán Martínez, avanzó en ese mismo sentido. A fin de mostrar unidad de criterios, 15 legisladores de ese espacio presentaron rápidamente el proyecto de pedido de juicio político contra los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda por “mal desempeño” de sus funciones.

En línea con lo dispuesto por el mandatario, en el texto, que tiene 410 páginas, los diputados oficialistas cuestionan al Alto Tribunal por varios asuntos, entre los que se destacan el fallo sobre el Consejo de la Magistratura y la resolución a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la puja que tiene con la Nación por la coparticipación.

El escrito incluye el comunicado que rubricaron más de una decena de gobernadores en apoyo del juicio político que impulsa el jefe de Estado, notas periodísticas y hasta los supuestos chats entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro -actualmente de licencia- y Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, a través de los cuales ambos funcionarios habrían coordinado una estrategia para que Juntos por el Cambio se quede con un lugar más dentro del Consejo de la Magistratura.   

Además de los diversos cuestionamientos, los diputados del Frente de Todos solicitan que los cuatro jueces brinden testimonio en la comisión de juicio político, que encabeza la oficialista Carolina Gaillard, así como también D’Alessandro y Robles, entre otros.

Cada uno de los puntos que respaldan el proyecto de pedido de juicio político no tiene como finalidad lograr que la cuestión llegue hasta el Senado, aunque algún que otro diputado del Frente de Todos le aseguró a este diario que el escenario podría cambiar a medida que avance el debate. Por ahora, apenas podrían dictaminar, ya que no cuentan con los dos tercios necesarios en el recinto.

Por el contrario, en el Ejecutivo nacional y el Congreso, sí son varios los que sostienen que “dejar expuestos a los jueces de la Corte” podría contribuir a darle mayor viabilidad a la recusación que hay contra ellos por parte del Gobierno.

Aún así, en la Casa Rosada creen que es muy difícil que los propios magistrados acepten la recusación. En caso de que estuvieran dispuestos a  apartarse, se deberían sortear cinco jueces entre los presidentes de las cámaras federales de apelaciones del país para hacerse cargo del caso, o sea de la disputa entre la Ciudad y la Nación por la coparticipación.

Si ni siquiera consiguieran ese cometido, en el oficialismo afirman que, cuanto menos, la Corte Suprema “quedará desprestigiada” ante lo que consideran “una abrumadora cantidad de pruebas respecto a su mal funcionamiento”. No por casualidad decidieron incorporar en los fundamentos del proyecto de juicio político el fallo “Muiña” del 2017, en el que Rosatti y Rosenkrantz votaron a favor de aplicar el cómputo del 2x1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad.

Incluso, los legisladores convocan a que brinden testimonio por este tema en la comisión a Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Red Nacional, H.I.J.O.S. Capital, Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas, el CELS Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina, Asociación Buena Memoria, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza.

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