Por Luis Autalan

En la CGT aguardan con expectativa la reunión que este jueves los tendrá como anfitriones del ministro de Economía, Sergio Massa. En la previa a esa cumbre el funcionario activó recursos para salud y la suba de la percepción de asignaciones familiares, todo en el contexto político del año electoral y con agenda de reclamos pendientes.

Ahora, para el amplio espectro de la central obrera hay un "clásico de clásicos" que merece atención sin demora: la situación de las obras sociales. En efecto, aún en la grieta cegetista hay dirigentes de todos los sectores que trazan coincidencias a la cuestión. "Las obras sociales no reciben fondos para los tratamientos de alto costo", apuntan, y precisan además que el 70% del denominado Fondo de Redistribución se deriva a la atención de tratamientos vinculados a discapacidades.

Mientras las organizaciones remarcan que los fondos asignados por el gobierno de turno "les pertenecen a los sindicatos", acotan que las obras sociales abonan los gastos por transporte y educación. Algunos dirigentes, durante diferentes etapas de la gestión presidencial de Alberto Fernández, llegaron a ironizar: "Si molestamos con el reclamo, vamos a llevar las llaves de las obras sociales a la Casa Rosada".

"Existe un pedido para que los gastos de educación los pague el ministerio respectivo y los de transportes la cartera de tal área", deslizan sindicalistas repasando apuntes y gestiones de bajo perfil sobre traslado y atención de pacientes.

Los números de la buena memoria

En números aseguran que el 80% de las obras sociales depende de los aportes sindicales y estatales, acotando un lema de los últimos tiempos: "la solución no es gremial, es política".

Incluso le remarcaron a este diario que la situación viene de "extenso arrastre" pero además se complicó sobremanera desde el año 2020 durante la pandemia. Ocasión en la que recuerdan que fueron los sindicatos los primeros que pusieron sus instalaciones sanitarias y complejos hoteleros a disposición del Gobierno para atender la emergencia.

Si bien el Ejecutivo con la universalización de las asignaciones está convencido de que acercó paños de alivio, con la inyección de $4.000.000.000 y todavía esperan adosar alguna suma en ese estándar, los cálculos gremiales, puntos más puntos menos, revelan que las organizaciones sindicales en promedio aportan a sus obras sociales un 30% del presupuesto de las mismas para que atiendan a los trabajadores y sus familias.

Con especificaciones propias de cada organización gremial, el común denominador de la dirigencia es que el Fondo de Redistribución tiene décadas de atraso y no alcanza para cubrir el sistema". Siempre en relación a la pandemia acotan que "le guste a quien le guste, el Covid ratificó que las obras sociales no tienen reemplazo para atender la salud de una enorme parte de la población".

A la par de esta preocupación de larga data en Azopardo continúan los preparativos para recibir a Massa, entre ellos, que el jueves haya un representante por cada secretaría de la CGT a fin de acotar los tiempos de exposición y diálogo entre las partes.

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